TRABAJO SOCIAL, HÁBITAT Y VIVIENDA
Aun
no siendo un espacio nuevo para el Trabajo Social dado que los orí-genes de la
práctica profesional en el ámbito de la vivienda, históricamente, van conexos a
las iniciativas que llevaron a cabo figuras tan importantes como fueron Octavia
Hill en Inglaterra y Jane Addams en Norteamérica, sí es cierto que las
intervenciones llevadas a cabo en este sector han sido muy exiguas en lo que
respecta a nuestro ámbito nacional.
Si hacemos un breve recorrido histórico sobre el papel que el Trabajo Social ha tenido dentro del ámbito profesional del hábitat y la vivienda, nos encontramos con que éste ha estado muy ligado a los programas sociales que el Instituto Social de la Vivienda llevaba a cabo y cuya finalidad estaba centrada en la erradicación del chabolismo, sobre todo, en los años 60 y 70 (Barranco et. al., 2010). Más tarde, y en pleno proceso democrático, cómo muy bien apunta Barranco (2008).
Se produce una modificación en la naturaleza de la política a
implementar. Esta vez se apuesta por planes y programas integrales de lucha y
erradicación de la pobreza y la exclusión social, en los que el factor vivienda
pasa a ser un elemento más dentro de la matriz de indicadores que intenta
abordar de manera holística el análisis de los procesos de exclusión social. De
hecho, si echamos una mirada hacia las intervenciones profesionales llevadas a
cabo en las últimas décadas, nos daremos cuenta, y así lo evidencian Barranco
et. al., (2010), que éstas han estado centradas en fusionar, no sólo hábitat y
vivienda, sino también vincular estos elementos con la formación, el empleo y
la inclusión social. Todo ello con la pretensión de conferirle un nuevo rostro
a una gran parte de los contextos territoriales actualmente denominados como
zonas en proceso de transformación social.
Como
sabemos, la exclusión puede manifestarse de forma espacial. La desigualdad
social, como bien apuntan algunos autores (Tezanos, 1999; Subi-rats et al,
2005), tiende a revelarse en forma de exclusión residencial en cuanto que ésta
pasa a conformarse alrededor de un ámbito geográfico muy concreto y con grupos
sociales muy bien identificados. De ahí que los procesos de exclusión puedan
estar acompañados de procesos de segregación, que a su vez terminen subrayando
aún más esas diferencias.
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Todo
esto nos lleva a pensar sobre cuáles deben ser los indicadores a tener en
cuenta a la hora de cuantificar este ámbito. Es fácil medir el fenómeno de la
exclusión en el hábitat a través del análisis de tres espacios: el físico, el
sociocultural y el económico. Físicamente, el contexto espacial debe ser
valorado teniendo en cuenta tres indicadores básicos: el deterioro de sus
edificios, viviendas y servicios, el detrimento del espacio público y las
deficiencias en la movilidad. En lo sociocultural, éste puede ser analizado
bajo la base de la estigmatización del territorio, la inseguridad ciudadana, la
descohesión social y la ausencia de recursos y equipamiento. Por último, el
espacio económico es estudiado a través del factor de marginación económica.
Como
es de esperar, conexo al medio espacial, nos encontramos la esfera de la
vivienda. Actualmente es fácil constatar la insigne importancia que tiene la
vivienda en la vida de las personas. De hecho, la exclusión social relacionada
con este ámbito suele estar determinada por el carácter selectivo y
especialmente segregador de los mercados del suelo y la vivienda, así como por
la escasez de la presencia de vivienda pública en este sector (Subirats et al,
2005). En las últimas décadas en nuestro país hemos sido testigos de un doble
problema. Por un lado, el boom especulador que se ha visto reflejado en el
comportamiento alcista de los precios de la vivienda provocando graves
inconvenientes de accesibilidad para algunos grupos de personas; y, por otro, a
una devastadora crisis económica que ha tenido como resultado la salida del
mercado laboral de muchos trabajadores, conllevando graves dificultades
económicas y, por ende, la pérdida de sus viviendas para aquellas personas que,
si bien, no tuvieron problemas de accesibilidad, su nueva situación no le
permite seguir manteniéndola por la imposibilidad de hacer frente a su pago.
Toda
esta realidad nos lleva a reflexionar sobre el valor real que se le otorga al
espacio de la vivienda desde el ámbito político, institucional y económico. Es
fácil comprender que la vivienda no puede ser considerada como un mero objeto
de inversión ya que ello nos llevaría a una reflexión demasiado simplista de la
situación. Situación que, como ya hemos apuntado, necesita ser abordada desde
una óptica integral donde el valor cardinal sea siempre el social, dado que su
consideración como bien de primera necesidad tiende a regir, de forma
inapelable, los procesos de exclusión/inclusión social. Y es en este marco
donde debe situarse tanto la reflexión como la práctica del Trabajo Social.
Si
valoramos las funciones que realiza un profesional en este ámbito, nos damos
cuenta que éstas tienden a ser muy plurales. Tanto es así que pueden abarcar la
información y asesoramiento; la valoración de la situación social, familiar,
laboral y económica; la derivación y coordinación; la promoción; la
planificación y gestión; hasta la evaluación e investigación (Barranco, 2008).
En realidad, y así lo apunta Ponce (2009), es que cualquiera de las acciones
atribuibles al Trabajo Social en este ámbito profesional debe tener como línea
maestra potenciar los procesos de integración e inserción social. Para ello
tendrán que tener en cuenta todos y cada uno de los conflictos que se generen a
todos los niveles (tanto en los procesos de adjudicación de viviendas como en
su seguimiento). Conflicitividad, que como iremos viendo a lo largo de este
capítulo, tiende a situarse en tres unidades fundamentales de análisis: del
lado del adjudicatario, a nivel relacional o de comunicación y en el contexto
social (zona espacial) donde se ubican las promociones de vivienda social.
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